En la republica dominicana hay noticias que ya no sorprenderán. Duelen, indignan, estremecen, pero ya no sorprenderán.
Siempre comienza igual.
una patrulla. un operativo. un disparo.
Después llegan el alborotolas cintas amarillaslos curiosos, las cámaras y el llanto de una madre que repite, entre lágrimas, que su hijo no era un delincuente o que, aun si hubiera cometido un error, no merecía morir de esa manera.
Entonces aparecen dos versiones de la misma historia.
La oficial.
Y la de la familia.
Mientras una investigación comienza, una familia inicia el duelo.
Los los nombres cambianpero la escena Parece repetirse con una precisión escalofriante.
Ayer fueron Donally Martínez, Joel Eusebio Díaz Ferrer y los esposos Elizabeth Muñoz Martínez y su pareja. Hoy fue Darlin Mercado. Antes hubo otros jóvenes, otros padres, otras madres, otros barrios marcados por el sonido seco de un disparo que todavía resuena en la memoria colectiva.
Cada caso abre una herida distinta, pero todas sangran por el mismo lugar: la confianza.
Las estadísticas hablan de cientos de personas fallecidas en hechos en los que participaron agentes de la Policia Nacional durante los últimos años. Son números que ocupan titulares, informes y debates públicos, pero ninguna cifra puede explicar el vacío que deja una silla sin ocupar en la mesa, una habitación que nadie vuelve a abrir o un teléfono que nunca más sonará con la voz de un hijo diciendo: «Ya voy para la casa».
Cada muerte parece durar apenas unos días en la conversación nacional.
Primero llega la indignación.
Luego, las entrevistas.
Las promesas de investigación.
Las ruedas de prensa.
Y, finalmente, el silencio.
Naciones Unidas silencio que solo rompe el próximo caso.
Así se ha ido escribiendo una crónica que ningún dominicano quiso leer: una historia en la que la palabra «intercambio» fue, durante años, suficiente para cerrar preguntas; donde demasiados familias sintieron que primero debían demostrar la humanidad de sus muertos antes de exigir justicia.
La Policia Nacional nació para proteger vidas. Esa es su razón de existir. Por eso, cuando una persona muere durante una actuación policial, la exigencia no puede ser menor, sino mayor, porque el uniforme representa la autoridad del Estado y, con ella, la obligación de actuar dentro de la ley y de rendir cuentas cuando existan dudas sobre el uso de la fuerza.
El caso de cariño volvió a despertar preguntas que el país lleva demasiado tiempo formulándose. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para recuperar la confianza? ¿Cuantos? investigaciones ¿llegarán realmente hasta sus últimas consecuencias? ¿Cuándo dejará de ser normal escuchar que otro joven murió durante un operativo policial?
Esta no es solo la historia de quienes perdieron la vida. Es la historia de un país que todavía busca el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos; entre la autoridad y la justicia; entre el miedo al crimen y el miedo a quienes debemos protegernos.
Porque una nación comienza a perder algo de sí misma cuando aprende a contar muertos con la misma facilidad con la que antes contaba sueños.
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