Gabriela Morgado
Académica, Facultad de Enfermería
Universidad Andrés Bello
Las imágenes de lo ocurrido en Venezuela conmueven y obligan a mirar más allá de la catástrofe inmediata. Frente a eventos de gran magnitud, la respuesta suele centrarse en los edificios destruidos, las personas heridas, los trabajos de rescate y las urgencias. Sin embargo, las consecuencias sanitarias se extienden más allá de las primeras horas o días, pudiendo prolongarse durante meses o años.
Países como Chile, acostumbrados a enfrentar terremotos, tsunamis e incendios forestales, han aprendido que la respuesta ante una catástrofe debe organizarse en etapas. Ello requiere una coordinación sólida entre organismos gubernamentales, equipos de salud, organizaciones internacionales, instituciones locales y las propias comunidades, cuya participación es fundamental para una recuperación integral.
En una primera fase, la prioridad es rescatar a las víctimas, atender a las personas lesionadas y recuperar oportunamente a quienes han fallecido, resguardando siempre la dignidad, la identificación y el manejo seguro de los cuerpos. Este proceso debe realizarse con rapidez y coordinación, tanto por razones humanitarias como por la necesidad de ordenar la respuesta sanitaria y social. En este escenario, la demanda asistencial aumenta bruscamente, mientras que la capacidad local puede verse reducida por la destrucción de infraestructura, pérdida de insumos, las dificultades de traslado y afectación del propio personal sanitario. Por ello, el apoyo internacional resulta fundamental, mediante la disposición de hospitales de campaña, medicamentos, insumos médicos, sistemas de agua segura, equipos de emergencia y profesionales que refuercen la capacidad local.
Pero la emergencia no termina con el rescate. Una segunda etapa está marcada por riesgos sanitarios asociados al hacinamiento, falta de acceso a agua potable, interrupción del alcantarillado, falta de electricidad y dificultades para conservar alimentos y medicamentos. En este contexto, la seguridad alimentaria, el saneamiento básico, la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación según riesgo se transforman en medidas esenciales para proteger a la población.
También es indispensable prestar atención a las personas con enfermedades crónicas, quienes muchas veces ven interrumpidos sus tratamientos debido al daño de la infraestructura sanitaria, la escasez de medicamentos o la pérdida de registros clínicos. Personas con hipertensión, diabetes, cáncer, oxígeno dependientes o diálisis son especialmente vulnerables, ya que una interrupción de pocos días puede traducirse en descompensaciones.
Finalmente, existe otra dimensión que frecuentemente queda atrás, y es la salud mental. La pérdida de viviendas, familiares, redes de apoyo, empleos y medios de subsistencia puede generar consecuencias psicológicas duraderas, especialmente en comunidades que ya enfrentan fragilidades sociales y económicas. El duelo, el miedo, la incertidumbre y la pérdida de hogares requieren apoyo psicosocial temprano.
Así, reconstruir no es solo la reparación de infraestructura. Es también fortalecer los sistemas sanitarios, garantizar la continuidad de los cuidados, recuperar la atención primaria, proteger a los grupos vulnerables y brindar acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas. Una catástrofe no terminará en pocos días. Sus efectos sanitarios pueden prolongarse durante meses o años, y la respuesta debe estar a la altura de esa realidad.
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