El cajero de las ‘cloacas’ socialistas

Que los tres últimos presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) estén siendo investigados penalmente por delitos relacionados con las tramas de corrupción vinculadas al PSOE no puede ser solo mera casualidad. Sus presunciones de inocencia siguen intactas en el ámbito judicial, que es el propio de tal presunción constitucional. Pero la visión jurídica es incompleta para analizar la dimensión y la gravedad del hecho de que el Gobierno haya consentido que la sociedad pública que canalice millas de millones de euros a la inversión empresarial acabará convertida en la tesorería de las redes de corrupción creadas a la sombra del PSOE y del Ejecutivo. La última en ser llamada a declarar como investigada es la todavía presidenta de la SEPI, Belén Gualda, por su participación en el rescate de Tubos Reunidos. El magistrado Santiago Pedraz citará a Gualda junto a más de veinte cargos del ente público y otras sociedades participadas, lo que da la medida de la gravedad de los indicios que tiene el instructor sobre la implicación de esta sociedad en hechos posiblemente delictivos.

A pesar de esta decisión judicial, el Gobierno ha confirmado públicamente su confianza en Gualda, lo cual es una irresponsabilidad, porque quien está bajo investigación judicial a instancia de la Fiscalía Anticorrupción no puede presidir un ente como la SEPI, calificado en su propia página web como «instrumento estratégico» de la política gubernamental en el sector público empresarial. Según sus propios datos oficiales, la SEPI alcanzó en 2025 una cifra de negocio de 7.384 millones de euros; es mayoritaria en catorce empresas (como Correos, Navantia, Tragsa o ​​la Agencia Efe); minoritaria en once (como Enagás, Airbus, Indra, Hispasat, Redeia o Telefónica); y con participación indirecta en más de cien sociedades. Además, a través de estas participaciones, la SEPI controla el nombramiento de consejeros en la red empresarial sistémica de España.

A la vista de estos datos, la pregunta es muy sencilla: ¿puede una persona investigada por graves delitos de corrupción seguir presidiendo la SEPI? Solo cabe responder negativamente. El Gobierno puede dar su confianza a quien quiera, pero su deber es asegurar la confianza ciudadana en una entidad esencial del tejido industrial. Los rescates de Tubos Reunidos, Air Europa y Plus Ultra, entre otros, están bajo el escrutinio de la Fiscalía y del juez, y han dado lugar a la investigación de tres presidentes de la SEPI. No puede ser, como decíamos, una mera casualidad, sino que tal concatenación de asuntos turbios lleva a pensar que la SEPI era utilizada como el cajero de la corrupción socialista.

El sanchismo se ha convertido en un método de saqueo de las instituciones políticas, reguladoras e inversoras del Estado. Un saqueo de doble formato. Por un lado, mediante la colocación de personas afines que garantizan al Gobierno una respuesta acomodaticia de los órganos infiltrados, a modo de árbitros comprados. Por otro lado, mediante la disponibilidad de fondos públicos para el abastecimiento de redes corruptas que, de una manera u otra, prestan servicios de protección a los intereses de Pedro Sánchez. Ante tal escenario, resulta pertinente recordar que las sociedades mercantiles públicas también pueden ser imputadas penalmente, como los partidos políticos.