Ya en noviembre de 2022, ABC destapó la trampa que iba a cometer el Gobierno con la ahora llamada ‘ley de nietos’. En concreto, la Directora General de Fe Pública y Seguridad Jurídica, Sofía Puente, aprobó una Instrucción, publicada en el BOE de 26 de octubre de 2022, con la que decidió, sin competencia para ello y sin rango normativo alguno, que los beneficiarios por la nacionalización de la ley de 2022 iban también a ser determinados grupos citados por la ley de 2007, de Memoria Histórica, derogada por la ley de 2022. Los nietos y muchos más. De hecho, la Instrucción se atreve a decir que su «interpretación es más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley». Lo decía una directora general, hermana del ministro Puente, que decidió constituirse en la más alta instancia del Estado en la interpretación y ampliación de una ley del Parlamento, por encima del TC, del Tribunal Supremo y de las Cortes. Además de la ilegalidad de una norma aprobada en tales condiciones, la Instrucción enmascaraba un verdadero Reglamento, porque tenía un contenido normativo propio, al margen de que fuera ilegal. El cambio de Reglamento por Instrucción permitió a la directora general ahorrarse el procedimiento previsto por el artículo 26 de la Ley del Gobierno, de 1997, que habría exigido estudios e informes previos, una consulta pública y una memoria del análisis de impacto normativo, económico y presupuestario y las cargas administrativas que conllevara la propuesta. Nada de esto se hizo para así facilitar la intencionalidad política del proyecto y soslayar la responsabilidad por lo que ahora está pasando: colapso en los consulados, sospechas sobre la acreditación de los beneficiarios y externalización de la gestión documental de las solicitudes en empresas locales de cuyas condiciones de idoneidad nada se sabe. Es legítima la preocupación por las alteraciones de los censos electorales tanto de los comicios nacionales, autonómicos y municipales. Por eso, comunidades autónomas y ayuntamientos estarían legitimados para impugnar judicialmente la asignación de nuevos electores a sus circunscripciones electorales, cuando consideren que los expedientes de nacionalización no se han tramitado correctamente. Si solo fuera una verdadera ‘ley de nietos’ ajustada la ley de 2022, el asunto tendría unas dimensiones razonables. Pero no son solo los nietos. Ser español, como ser nacional de cualquier otro país, no es algo que se pueda ni deba regalar. La gravedad de esta decisión va más allá del impacto electoral, porque incide en la configuración del sujeto titular de la soberanía nacional, es decir, la nación española. Todo Estado asienta su soberanía sobre un territorio en el que radica su población de derecho. Lo que está sucediendo con la ‘ley de nietos’ es incluso más grave que un voto en una urna. En este contexto de mala fe normativa y partidismo militante, llama la atención la falta de respuesta efectiva hasta ahora por el PP. Feijóo defendió un modelo de nacionalización distinto que tendría que reivindicar, sin propiciar confusiones con la chapuza que está perpetrando el Gobierno. La responsabilidad del PP, como única opción alternativa de Gobierno, es actuar legal y políticamente para frenar este despropósito.
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