Un detective activo de Pitrufquén habría entregado información institucional reservada a un expolicía de Puerto Montt que trabajaba como investigador privado, a cambio de dinero. Una tercera imputada, conviviente del funcionario, quedó con medidas cautelares.
Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), uno activo y otro en retiro, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos de cohecho y revelación de secreto, en una investigación por presunta corrupción que involucra a las regiones de La Araucanía y Los Lagos.
La audiencia se desarrolló este miércoles 18 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, donde el Ministerio Público formalizó a tres personas por su presunta participación en los hechos.
Según informó Radio Bío Bío, uno de los imputados corresponde a un funcionario activo de la PDI destinado en Pitrufquén, mientras que el segundo es un expolicía detenido en Puerto Montt, quien actualmente realizaba labores como investigador privado.
Una tercera persona, identificada como la conviviente del detective activo, también fue formalizada y quedó sujeta a medidas cautelares.
Información policial a cambio de dinero
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el funcionario activo habría utilizado su acceso a información institucional reservada para entregar antecedentes al exdetective que desarrollaba actividades de investigación privada.
A cambio de estos datos, el expolicía le habría proporcionado distintas sumas de dinero.
El fiscal de Pitrufquén, Jaime Pino, explicó que los hechos investigados responden a una modalidad reiterada de intercambio de información por pagos.
“La acción era siempre la misma: el funcionario de la PDI de Pitrufquén daba información reservada a un exfuncionario de la PDI al que conocía de la ciudad de Puerto Montt”, sostuvo el persecutor.
Según detalló, el exfuncionario entregaba dinero al detective activo como contraprestación por los antecedentes proporcionados.
Transferencias a cuentas bancarias
La investigación también permitió establecer, según los antecedentes comunicados por el Ministerio Público, que parte del dinero habría sido depositado en las cuentas bancarias del funcionario activo.
Otra parte de los pagos habría llegado a la cuenta de su conviviente, quien también fue incluida en la formalización.
“Algunos de esos dineros fueron a parar a la cuenta del funcionario y otra parte a la cuenta de la conviviente actual del funcionario de la PDI”, explicó el fiscal Pino.
Por estos hechos, la Fiscalía atribuyó a los imputados los delitos de cohecho y revelación de secreto, conductas relacionadas con el uso indebido de información reservada y eventuales pagos por su entrega.
Fiscalía destaca gravedad de los delitos
El persecutor calificó los hechos investigados como conductas directamente vinculadas con la corrupción.
“Estos delitos están íntimamente relacionados con la corrupción”, afirmó.
Asimismo, recalcó que el Ministerio Público debe investigar las conductas eventualmente constitutivas de delito, independientemente de la institución o cargo de quienes aparezcan involucrados.
“La Fiscalía persigue la comisión de delitos sea quien sea el autor de los mismos. No se hacen distinciones al respecto”, sostuvo.
Dos imputados en prisión preventiva
Tras la audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva para el detective activo y el exfuncionario policial.
En tanto, la tercera imputada quedó sometida a otras medidas cautelares, cuyo detalle no fue precisado en la información difundida.
Hasta ahora, tampoco se ha informado públicamente el tipo específico de antecedentes policiales que habrían sido entregados, el monto total de los pagos ni el plazo de investigación fijado por el tribunal.
El caso continuará bajo investigación del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer las operaciones denunciadas y establecer las responsabilidades que correspondan.
Presunción de inocencia: la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. Los imputados mantienen el derecho a ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal.
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