A dos meses de anunciar el inicio de la recuperación de cerca de $9 mil millones observados en un programa de reactivación económica, el gobernador René Saffirio trasladó el foco desde los beneficiarios y la restitución de recursos hacia una ofensiva judicial contra exautoridades y exdirectivos vinculados a la administración anterior del Gobierno Regional.
Tras semanas de fuertes declaraciones sobre presuntas irregularidades en fondos de reactivación económica, el gobernador René Saffirio volvió a instalar el tema en la agenda pública con una querella que apunta a exautoridades y exdirectivos vinculados a la anterior administración del Gobierno Regional.
Desde su llegada al cargo, Saffirio ha convertido la revisión de los recursos transferidos durante la gestión anterior en uno de los ejes centrales de su administración. Conferencias de prensa, declaraciones públicas, cuestionamientos a la Fiscalía y anuncios de recuperación de fondos han marcado una estrategia comunicacional que ha mantenido el caso permanentemente en la agenda regional.
El primer gran anuncio relacionado con la Corporación de Desarrollo Araucanía —organismo que actualmente preside en su calidad de gobernador regional— ocurrió a comienzos de abril, cuando se informó que el 90% de las rendiciones asociadas a un programa de reactivación económica ejecutado entre 2022 y 2023 habían sido observadas o rechazadas.
Según detalló entonces la autoridad, cerca de $9.000 millones fueron distribuidos entre más de 320 empresas de La Araucanía, advirtiendo que las observaciones detectadas generaban dudas respecto del destino de una parte importante de esos recursos.
En aquella oportunidad, Saffirio anunció sumarios administrativos, eventuales acciones judiciales y el inicio de un proceso de recuperación de fondos públicos. «Estamos realizando un análisis exhaustivo de todos los antecedentes disponibles, con el objeto de definir las acciones legales que corresponden», señaló en abril. Además, agregó que el foco estaba puesto en resguardar los recursos públicos y perseguir eventuales responsabilidades.
Sin embargo, dos meses después de este anuncio, no existe información pública detallada respecto del avance de los cobros comprometidos ni de eventuales recuperaciones efectivas de recursos por parte del Gobierno Regional. Tampoco se conocen públicamente acciones de restitución concretas por parte de beneficiarios del programa, varios de los cuales han sostenido que ejecutaron las iniciativas de acuerdo con las bases y exigencias establecidas.
Pero mientras se esperan señales concretas sobre la recuperación de esos recursos, el gobernador pasó a una nueva ofensiva judicial que involucra a una decena de personas y que tiene como figuras principales al exgobernador regional Luciano Rivas; al exjefe de gabinete y exdirector de la Corporación de Desarrollo Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin; y al exdirector ejecutivo de la Corporación, Cristian Salas.
La incorporación de Salas llama particularmente la atención, considerando que hasta ahora el debate público había estado centrado principalmente en la figura del ex gobernador y su círculo más cercano.
Esta semana, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella presentada por Saffirio por los delitos de administración desleal y prevaricación, acción judicial que involucra además a exfuncionarios, asesores jurídicos y exdirectivos vinculados a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo.
La querella sostiene que existiría un perjuicio patrimonial cercano a los $5.900 millones asociados a gastos observados y rechazados dentro del programa de reactivación económica financiado con recursos regionales.
Según la presentación judicial, la denominada Comisión de Evaluación Estratégica —integrada por Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas— habría participado en decisiones de adjudicación que favorecieron proyectos con menor puntaje por sobre iniciativas mejores evaluadas. La acción judicial sostiene además que existirían deficiencias documentales y eventuales conflictos de intereses que deberán ser esclarecidos durante la investigación.
La ofensiva judicial representa un nuevo capítulo en una controversia que ha estado marcada por sucesivos anuncios públicos del gobernador. Mientras Saffirio insiste en la necesidad de perseguir responsabilidades y recuperar recursos públicos, desde sectores cercanos a la administración anterior han cuestionado que gran parte de los antecedentes expuestos hasta ahora corresponden a observaciones administrativas que aún deben ser revisadas en profundidad y que no necesariamente implican recursos perdidos o mal utilizados.
Asimismo, algunos observadores advierten que el foco comunicacional del caso ha ido mutando con el paso de las semanas. Lo que inicialmente se presentó como un proceso orientado a recuperar recursos observados desde los beneficiarios finales, hoy aparece concentrado en la búsqueda de responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron en la toma de decisiones dentro de la institucionalidad regional.
Por ahora, la querella recién inicia su tramitación y será la investigación judicial la que deberá determinar si existieron o no responsabilidades penales por parte de los exdirectivos y exautoridades apuntados por el actual gobernador.
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