En Cuba, sometida a un implacable e inhumano bloqueo energético por parte de Estados Unidos, empieza a faltar de todo. Escasean las medicinas y los alimentos y la gasolina es un lujo. El transporte se ha reducido a mínimos, la inflación está por las nubes y la expectativa es que la economía se contraiga un 6,5% este 2026. Pero no es lo único que está en recesión. Hasta que la población de la isla caribeña retrocede, un total de 313.414 personas en 2025, lo que aumenta la pérdida hasta el 16% de sus habitantes en los últimos ocho años.
Las cifras oficiales aportadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) confirman el declive demográfico de la nación antillana. La pérdida se explica por el saldo migratorio negativo (245.264 habitantes) y porque las defunciones (136.214) superaron a los nacimientos (68.064). En plena e impredecible crisis económica, Cuba suma 9.434.593 residentes propios, en comparación con los 11.239.224 que tenía en el 2017, y su media de edad es de 43 años, tres años más que hace una década.
Las cifras pueden ser aún más dramáticas y organizaciones independientes calculan que se habría perdido hasta una cuarta parte de la población, sin incluir los más de tres millones de cubanos que viven en el extranjero, según los datos oficiales, y en los que el Gobierno confía para que envíen remesas de divisas y para invertir en negocios en la isla, ahora que ha abierto esa posibilidad.
Datos oficiales
Con un saldo migratorio negativo y más funciones que nacimientos, Cuba acumula una pérdida del 16% de su población en los últimos ocho años.
Desde el triunfo de la revolución comunista en 1959, Cuba se ha acostumbrado a superar las dificultades, desde el primer embargo, la invasión fallida de Bahía Cochinos y la crisis de los misiles en la época Kennedy a las penurias del período especial tras el colapso de la Unión Soviética. Pero la situación actual, la llamada crisis de los barriles, no tiene precedentes ni La Habana parece dar con una tecla adecuada para amortiguar este aislacionismo impuesto.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha equiparado la situación actual que sufre el país a un bloqueo naval. Otras veces ha hablado de cerco energético ante la imposibilidad de que entre petróleo a la isla, pero la situación de catástrofe humanitaria, como la descrita en la ONU y la UE, se ha visto agravada por la falta de desarrollo de sectores como las energías renovables o por las deficiencias estructurales, como la obsolescencia de un sistema energético que, según expertos independientes, necesita una inversión de al menos 8.000 millones de dólares. Los cortes de suministro eléctrico se repiten a diario y durante muchas horas y, como ha ocurrido tres veces en este mes de julio, llegan a afectar de manera simultánea al 67% de la isla.
La llegada de visitantes cayó un 58% en la primera mitad del año. El turismo, una de las principales industrias de Cuba, que representaba una décima parte del PIB antes de la crisis de la pandemia de Covid, está tocado de muerte ante la retirada de la mayor parte de vuelos, sobre todo del mercado canadiense. El temor a las nuevas sanciones ha desmovilizado a grandes inversores extranjeros, y esta semana se ha completado la retirada de la empresa hotelera española Melià, que se una a las de Iberostar y Barceló.
La Habana incluso se ha visto obligada a suspender la próxima edición del Festival del Habano, prevista para febrero de 2027, uno de los certámenes que servía para promocionar a nivel mundial productos de calidad autóctonos de fama internacional cuyos beneficios solían destinarse al sistema sanitario de la isla.
El paquete de 176 medidas aprobadas el pasado mes de junio para liberalizar y descentralizar la economía de Cuba, la mayor reforma aperturista emprendida por el régimen castrista, todavía no ha dado resultados y tampoco se espera que enderece el rumbo de la isla mientras persista el drástico bloqueo de Estados Unidos, que cada semana aprueba nuevas sanciones.
Las dificultades de México para encontrar una solución legal para volver enviar petróleo a Cuba ilustran la complejidad de la situación. Claudia Sheinbaum admitió públicamente que su Gobierno quería aprovechar la liberalización de la economía cubana para impulsar una empresa que, legalmente, pueda suministrar crudo. Pero, un mes después, no ha encontrado la fórmula y Washington sigue al acecho.
La retórica de Estados Unidos deja pocas dudas de que la Administración Trump quiere provocar un cambio de régimen en Cuba. El problema es saber qué significa exactamente eso para la Casa Blanca. Tanto en Venezuela, donde continúa un gobierno chavista después de que el presidente Nicolás Maduro fuera secuestrado y trasladado a Nueva York, como en Irán, que sigue bajo férreo control islamista pese a la guerra y al asesinato del ayatolá Ali Jamenei y de otros altos mandos, Washington ha presumido de haber provocado un cambio de régimen.
El paquete de sanciones que ha ido aprobando y ampliando Estados Unidos este año es draconiano y amenaza con sancionar a cualquier persona o empresa que establezca relaciones con empresas vinculadas al conglomerado GAESA, que controla la cúpula militar y la familia Castro, y otras instituciones y ministerios de sectores claves. Sin ir más lejos, esta semana el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sanciones a nueve entidades y dos personas cuyas actividades, según EE.UU, perpetúan el control del Gobierno sobre los sectores energético, financiero y de personal médico en el extranjero.
Tras Venezuela e Irán
La retórica de Estados Unidos deja pocas dudas de que la Administración Trump quiere provocar un cambio de régimen, pero el problema es saber qué significa exactamente eso para la Casa Blanca.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sitúa a Cuba en el eje del terrorismo de extrema izquierda al que Washington ha puesto en la mirilla, deseoso de exportar a nivel internacional la lucha contra el activismo de izquierdas. Un informe reciente acusa a Cuba de haber promovido las actividades subversivas en Estados Unidos durante los últimos sesenta años. Y ese argumento sirve de excusa para mantener abiertos todos los escenarios posibles de intervención en Cuba.
Una fecha clave será el próximo 24 de agosto, cuando está previsto que arranque el juicio por la muerte de cuatro aviadores de la oenegé Hermanos al Rescate. El piloto cubano Luis Raúl González-Pardo es el único detenido de los seis imputados por este incidente de 1996, entre ellos el expresidente Raúl Castro, por aquel entonces ministro de Defensa de Cuba. Pero nadie puede hacer un vaticinio razonado sobre las intenciones reales de Estados Unidos, mientras Cuba sufre un bloqueo que desafía los derechos humanos y las leyes internacionales.
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