24/06/2026 a las 01:42h.
La decisión del Consejo de Ministros de proponer a Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con otros tres consejeros, no puede interpretarse como un simple relevo técnico. La renovación del organismo encargado de velar por la competencia y por el correcto funcionamiento de sectores estratégicos de la economía se produce en el peor momento posible para la credibilidad institucional de España. El Ejecutivo, responsable de la administración del Estado, está cercado por investigaciones judiciales que afectan al entorno político y personal del presidente del Gobierno. Golpeado por sucesivos escándalos de corrupción y cada vez más aislado políticamente, Pedro Sánchez difícilmente puede evitar que sus decisiones sobre los organismos independientes queden libres de sospecha.
La CNMC ocupa una posición esencial en la arquitectura económica española. Sus resoluciones afectan a operaciones empresariales de enorme relevancia, supervisan sectores regulados y condicionan decisiones con millas de millones de euros en juego. Precisamente por ello, su independencia no constituye un atributo decorativo, sino la condición indispensable de su legitimidad. Cuando la confianza en las instituciones se debilita, la autonomía de los reguladores adquiere una importancia aún mayor
Sin embargo, la trayectoria del sanchismo en materia institucional invita al escepticismo. Desde hace años, el Ejecutivo ha impulsado una estrategia de ocupación de organismos que deben permanecer al margen de la lucha partidista. La práctica tradicional de buscar acuerdos con la oposición para los nombramientos más sensibles ha sido sustituida por una lógica de mayorías coyunturales y reparto de cuotas entre los socios parlamentarios del Gobierno. La consecuencia es una erosión progresiva de la apariencia de neutralidad que resulta imprescindible para preservar la autoridad de estas instituciones.
La CNMC no ha escapado a esa dinámica. La incorporación en su día de Ángel García Castillejo, identificado con la órbita de Podemos, ya evidencia la creciente primacía de los equilibrios políticos sobre los criterios estrictamente regulatorios. Aunque Juan José Ganuza reúne credenciales académicas y profesionales que merecen un amplio reconocimiento, hay otros nombramientos que vuelven a suscitar interrogantes. La sensación de que determinados consejeros responden a cuotas partidistas o territoriales antes que una especialización acreditada perjudica inevitablemente la imagen del organismo.
El problema ya no es únicamente quién llega, sino quién nombra. Los reguladores independientes existen precisamente para proteger al Estado de las tentaciones del poder. Cuando es el propio poder quien proyecta dudas sobre ellos, el daño trasciende a los nombrados y alcanza a la calidad misma de nuestras instituciones. Esta sombra obligará a la CNMC a demostrar en los próximos años que sigue siendo un árbitro independiente y no una pieza más de una estrategia de colonización institucional. Pero la responsabilidad política de haber sido sometida al organismo a una sospecha innecesaria recae exclusivamente sobre el Gobierno.
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