Cuba aspira a copiar la fórmula de China para superar la peor crisis del régimen en los casi setenta años que han pasado desde el triunfo de la revolución comunista. O como mínimo inspirarse en el modelo de Vietnam. Los dos países fueron citados como ejemplos por el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, cuando la semana pasada defendió y logró la aprobación de un paquete de 176 medidas para liberalizar la economía y recuperar la calidad de vida de los cubanos.
La idea es simple: establecer una economía de mercado de inspiración socialista sin tener que renunciar al partido único ya una estructura de poder no democrática. La Habana pretende solucionar su economía sin tocar el autoritarismo, algo posible como han demostrado los sistemas híbridos de China y Vietnam.
Pero la puesta en práctica parece difícil en un país sumido en una profunda recesión y una crisis energética que está provocando una catástrofe humanitaria. Además, el éxito de las medidas depende de la seducción de los cubanos que residen en el exterior, que deben sentirse atraídos para poder invertir su dinero en la isla, y de la actitud de Estados Unidos, que ha sido un elemento clave para la adopción de las grandes reformas económicas en Cuba.
Díaz-Canel insistió en que Cuba “no está renunciando al socialismo”, pero el paquete de medidas para descentralizar la economía significa que el Estado dejará de determinar qué se produce y quién lo produce, y acabará también con el control de precios. Es un cambio radical sobre el que pesa la duda de la ausencia de un calendario. Todavía no se ha avanzado cuándo y cómo se van a aplicar las medidas.
El fin de la planificación centralizada se traduce en la expansión de las empresas privadas -que ya podrán tener más de cien empleados-, la autorización de la banca privada, el levantamiento de la mayoría de restricciones a la inversión extranjera, el fin de los subsidios y la transformación de la cartilla de abastecimiento en ayudas limitadas a personas vulnerables, y la apertura del sector agrícola a la iniciativa privada. Todo ello acompañado de una reducción de funcionarios y de descentralización del aparato administrativo, que pierde 6 de los 27 ministerios que tenía.
La Habana pretende enderezar su maltrecha economía sin tocar la estructura de pdoer pero su éxito o fracaso dependerá de la actitud de Estados Unidos
En definitiva, el Estado elimina su papel de interventor e intermediario en muchos aspectos, como el control de los cambios de divisas o de las operaciones de importación y exportación e introduce fórmulas de propiedad privada a través de arrendamientos a cincuenta oa cien años o a través de la venta de inmuebles propiedad del Estado que se estudiarán caso a caso.
La Habana contempla también la compra de inmuebles en zonas turísticas con la intención de dinamizar esta industria con “nuevos actores” y “nuevas fórmulas”. El turismo, uno de los pilares de la economía cubana, es uno de los sectores duramente castigados este 2026 tras la entrada en vigor del bloqueo energético por parte de Estados Unidos, que se ha convertido en el cierre de buena parte de las operaciones aéreas. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en lo que se ha cumplido de este 2026 el turismo ha caído un 58,4 % respecto al mismo período que el año pasado y el mes de mayo se saldó con la entrada de sólo 30.883 visitantes.
La Ley Helms-Burton supedita el levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba, vigente desde 1962, a los cambios políticos en la isla
El gobierno cubano también ha anunciado la creación de un grupo de cinco expertos con los que se abordará la posibilidad de profundizar y extender esas reformas. Pero el nuevo plan económico, aunque La Habana no quiera reconocerlo, depende en buena medida, de la actitud de Estados Unidos. A falta de una reacción oficial, fuentes del departamento de Estado indicaron a la agencia France-Presse que las medidas planteadas son superficiales y “una cortina de humo”.
La Casa Blanca ha insistido en los últimos meses en que Cuba debe emprender grandes reformas políticas además de económicas, ha decretado un bloqueo energético desde enero, ha ampliado las sanciones al régimen y ha imputado al expresidente Raúl Castro por una operación de derribo de avionetas durante la crisis de los balseros que podría justificar una intervención armada de EE.UU. en la isla. La Ley Helms-Burton supedita el levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba, vigente desde 1962, a los cambios políticos de la nación antillana.
Con una inflación desbocada, escasez de alimentos y agua potable, falta de medicamentos, suministro de combustible altamente restringido, y cortes de suministro eléctrico frecuentes y prolongados, la situación en Cuba ha provocado protestas sociales inéditas, sobre todo caceroladas y quema de basuras en hogueras. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, cree que “la alarma está encendida y es necesaria una distensión urgente”.
El economista cubano de la Universidad de Londres, Daniel Torralbas, ha valorado el plan del régimen cubano como una serie de “cambios drásticos, que van más allá de los retoques cosméticos”. Pero otros expertos, como Tamarys Bahamonde, de la Universidad América de Washington, se pregutan qué residente en el exterior va a querer arriesgar su dinero en Cuba si no hay transformaciones políticas.
“Son medidas tardías e insuficientes”, valora en sus redes sociales Yoani Sánchez, la periodista y bloguera opositora que alcanzó fama mundial durante los mandatos de Barack Obama y la época del deshielo entre Estados Unidos y Cuba. “El tiempo de las reformas ya pasó”, añade en una publicación firmada en La Habana.
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