La tanatóloga tiene dos mujeres muertas a sus pies y una hija que grita, desgarrada, por su mamá. Uno de los cadáveres lleva más de una hora al sol, cubierto con sábanas y cobijas. Le han echado cal por encima para que huela un poco menos. Por fin se los van a llevar en una camioneta, pero hay que escribir sus nombres y el número de su cédula para que no sean solo unas bolsas blancas. Otras más. “¿Alguien tiene un papel? ¿Algo para escribir? ¡¡Alguien!?”, grita desesperada. En la peor tragedia de Venezuela del último siglo faltan hasta etiquetas y rotuladores para ponerle nombre a los muertos.
Este sábado, casi 72 horas después del doble terremoto que sacudió el norte del país, La Guaira, la zona más devastada, olía a muerte. El hedor, cada vez más fuerte, entra por la nariz, se impregna en la ropa, en las mochilas y en las mascarillas y ya no se va. Tras el anuncio de 1.450 fallecidos, las autoridades pasaron la jornada del sábado recogiendo hasta 20 muertos por hora, según fuentes oficiales. No hay dónde meterlos. El Gobierno de Delcy Rodríguez ha improvisado ocho nuevas morgues donde se amontonan los cadáveres. Cada vez hay menos posibilidades de encontrar gente con vida y lo que hay debajo de los cascotes sigue siendo un misterio. Pasarán semanas, o incluso meses, hasta retirar los restos de las decenas de edificios reducidos a escombros.
La llegada a la zona desde Caracas toma normalmente algo más de 40 minutos, pero estos días se han necesitado horas. Miles de personas querían ir a ayudar. El recorrido por la ciudad muestra zonas verdes llenas de familias que han improvisado campamentos, torres enormes como si se hubieran derretido, piscinas colgando de precipicios, edificios enteros plegados sobre sí mismos y muchos venezolanos con sus palas al hombro. También funcionarios públicos, los mismos que esterilizan las calles o hacen las carreteras. Gente humilde. Agotado. es choque. Y, sobre todo, triste. La dimensión de la tragedia ha desbordado a todos.
En La Guaira, lugar de vacaciones frente al mar Caribe, hay un ruido constante de motos, camiones y retroexcavadoras, pero de vez en cuando se hace el silencio casi total. Cuando todos callan y apagan los motores, hay esperanza. Es porque se ha escuchado un gemido. Un grito. Y es entonces cuando alguien, con las manos desnudas y un casco de obra, acaba metiéndose entre los cascotes a buscar el sollozo.
Este sábado ocurrió varias veces. Ante el grito que salía de un edificio de diez plantas, tan inclinado que parecía que iba a desplomarse en cualquier momento, un joven se metió sin pensarlo en las tripas de la escombrera. La gente le esperaba aguantando la respiración hasta que salió con las piernas temblando y cubiertas de polvo. Descompuesto. Tuvieron que asistirle entre varios, limpiarle la cara con agua, echarle alcohol en la nariz y sostenerlo. “No consigo quitarme este olor”, decía. El chico no encontró el grito: “Solo sangre y cuerpos”.
La precariedad reina en el apocalipsis. “No os vayáis”, pide la tanatóloga sin cuaderno. “Tenéis que mostrar cómo estamos haciendo esto sin nada. Dicen que ha venido mucha ayuda internacional, pero yo aquí no he visto nada. Es un desastre y no podemos hacer esto solos”.
En La Guaira sigue faltando hasta alcohol para desinfectar las heridas. Miles de vecinos están sin luz y sin agua. Calientan platos con velas, no pueden tirar de la cadena. Aquí todavía las camillas son puertas de madera. Las bolsas para los cadáveres, sábanas y los coches fúnebres, las camionetas que hasta ahora perseguían delitos ambientales y maltrato animal. O, en realidad, cualquier camioneta en la que quepa un cadáver. Donde deberían estar las neveras hay cal, que lanza un camión que pasaba por ahí.
En la zona del desastre hay 25.000 oficiales venezolanos y 2.741 rescatistas internacionales, y todo, dicen las autoridades, está coordinado. Pero en la calle cuesta saber quién dirige. En otro intento de rescate, cuando todos guardaban silencio, un policía salió del edificio hecho trizas, enfadado: “¡Bah! Ahí hay 300 carajos mandando”.
El papel de los militares en esta tragedia sigue siendo desconcertante. Hay uno al mando de la emergencia y los uniformados están por todas partes, pero no se les ve con las palas, sino en las calles dirigiendo el tráfico, parados en grupos conversando o controlando algunas zonas. O, al menos, intentándolo.
Este sábado un alcalde de la milicia bolivariana —la reserva— apareció trémulo de rabia ante la puerta de una urbanización bajo su mando. Se plantó pequeñito ante el edificio de 20 plantas, miró hacia arriba y gritó: “¡No nos hacemos responsables si les pasa algo!”. A sus hombres se les había colado varias personas que buscaban sus cosas aun a riesgo de derrumbe. “Ya dijimos que no podíamos entrar hasta que vengan a inspeccionar; la réplica está siendo muy constante, leve pero constante”, explica el alcalde. Lo advirtieron, pero nadie les hizo caso, se justificaron los uniformados. Y tampoco parece que se impusieran mucho. Parece el mundo al revés: los militares que tanto miedo han infundido en Venezuela durante años hoy no logran ni siquiera impedir que unos vecinos traspasen la puerta que ellos mismos custodios.
En los restos de otro edificio, frente al mar, dos oficiales de la Armada confesaron su agotación. “Ya vamos para cuatro días sin dormir”, cuenta uno, advirtiendo de que se va a metro en líos si habla de más. Reconoce haber llorado estos días al encontrarse con su familia. El otro dice que no ha tenido ni tiempo. “No estábamos preparados para esto. No tenemos los medios”, reconoce. “Y veníamos del bombardeo del 3 de enero”, apunta, en referencia a la madrugada en que Estados Unidos les pasó por encima para llevarse a Nicolás Maduro.
Alvear Rodríguez, 78 años, aparece con el brazo derecho vendado, por donde se asoma un enorme moretón y un clavo que le atraviesa el hueso. Camina cansado con dos bolsas de plástico con víveres y pide que lo lleven a la casa en la que una vecina lo está hospedando. Cuenta su historia en el carro, durante un camino lleno de calles cortadas y tráfico caótico. El miércoles del terremoto, una señora le había dicho que el apartamento de los suyos se había quemado, que no se sabía si con su gente dentro. “Yo soy diabético y esto me tiene loco”, dice. El anciano salió caminando, se metió por todos los apartamentos preguntando, y nadie sabía nada. “Ya tenía ganas de ponerme a llorar”, cuenta al pasar por ese conjunto de casas humildes en pie pero calcinadas donde vivía su hija con su familia. Los encontraron vivos.
Al final del recorrido está Juan Manuel Chirino, un hombre delgado y humilde que lleva tres días sin moverse de la acera, frente al edificio que se tragó a los suyos: su hijo —Juan Manuel, como él—, su nuera, Jemily Hernández, y dos nietos, de 6 y 10 años. Cuenta que los sacaron abrazados. Dice que él los vio. Y está allí desorientado, sin saber adónde ir, pidiendo que se los entreguen. Lo mandan de un hospital a otro, le dicen que vuelva mañana, que no hay vehículo para trasladar los cuerpos. A su familia la sacó la gente del barrio con las manos, cuando todavía no había llegado nadie con autoridad para decidir quién entraba y quién no. Y cuando los encontraron, probablemente no había un papel ni un bolígrafo para anotar sus nombres. Chirino pasa del llanto a la indignación: “A esta gente no la mató el terremoto. La mató el Gobierno”.
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