Una nueva contratación del Ministerio de Hacienda por cerca de $479 millones para medir la satisfacción de usuarios de servicios públicos volvió a poner en el centro del debate la relación entre el Estado y Cadem. La empresa ha obtenido contratos similares durante los gobiernos de Sebastián Piñera, Gabriel Boric y, ahora, José Antonio Kast, mientras surgen cuestionamientos sobre los criterios de adjudicación utilizados en las licitaciones.
La consultora Cadem volvió a adjudicarse un contrato para desarrollar estudios de satisfacción de usuarios de servicios públicos, luego de que el Ministerio de Hacienda aprobara una orden de compra cercana a los $479 millones.
La contratación corresponde a un servicio que el Estado ha licitado en administraciones anteriores y que ha sido adjudicado en distintas oportunidades a la misma empresa. De acuerdo con los registros de compras públicas, durante los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera los contratos alcanzaron aproximadamente $2.783 millones, mientras que durante la administración del expresidente Gabriel Boric la cifra llegó a cerca de $2.643 millones.
Con la nueva adjudicación, la empresa mantiene una continuidad en este tipo de estudios bajo gobiernos de distintos sectores políticos.
Criterios de evaluación generan cuestionamientos
Uno de los aspectos que ha despertado mayor discusión corresponde al mecanismo de evaluación utilizado en las licitaciones públicas.
Según los antecedentes del proceso, el factor experiencia tendría un peso significativo dentro de la evaluación técnica, lo que favorecería a empresas que ya cuentan con contratos previos en este tipo de servicios.
En una licitación realizada en 2023, una empresa competidora presentó una oferta económica inferior en aproximadamente $22 millones respecto de Cadem. Sin embargo, la adjudicación recayó nuevamente en la consultora debido a la evaluación global obtenida en el proceso.
Especialistas en compras públicas han señalado en distintas oportunidades que privilegiar ampliamente la experiencia puede garantizar continuidad y calidad en la prestación del servicio, aunque también puede dificultar el ingreso de nuevos oferentes al mercado.
Debate por la independencia y percepción pública
Otro de los elementos que ha vuelto a instalarse en la discusión pública es que Cadem, además de prestar servicios al Estado, elabora semanalmente la encuesta Plaza Pública, uno de los sondeos de opinión más difundidos sobre evaluación presidencial y contingencia política en Chile.
Si bien ambas actividades corresponden a líneas de negocio distintas y no existe evidencia de que una influencia sobre la otra, algunos actores consideran que la coincidencia ha generado cuestionamientos respecto de la percepción de independencia de la empresa.
Desde la consultora han sostenido históricamente que sus estudios para organismos públicos y sus encuestas de opinión operan bajo metodologías, equipos y contratos independientes.
Una empresa presente en distintos gobiernos.
Fundada en 1974, Cadem ha desarrollado durante más de cinco décadas estudios de mercado, investigación social y medición de opinión pública.
A lo largo de ese período ha prestado servicios tanto al sector privado como a diversos organismos del Estado, manteniendo contratos bajo administraciones de distintos signos políticos.
La nueva adjudicación vuelve a abrir el debate sobre la forma en que el Estado diseña sus licitaciones, el peso asignado a la experiencia previa y la necesidad de promover una mayor competencia entre las empresas que participan en procesos de contratación pública.
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